VILLAHERMOSA, Tab., 26 de agosto de 2010.- La matanza de 72 indocumentados centroamericanos y sudamericanos, registrada en un rancho de Tamaulipas, es parte de la cotidianidad “normal” que viven los inmigrantes en México, incluido Tabasco, y no se descarta que varios de ellos hayan ingresado por la frontera sur del estado, donde se viven también esas imparables tragedias.
Enganchados desde la línea fronteriza del Petén, Guatemala, los indocumentados que tienen como meta llegar a los Estados Unidos son trasladados por contrabandistas de extranjeros a lo largo de las entidades de la ruta del Golfo de México hasta la frontera norte.
Sometidos a vejaciones y en condiciones extremadamente riesgosas, los grupos de extranjeros que se internan ilegalmente a México, son transportados en ferrocarril, camiones de carga, autobuses, camionetas y hasta en lanchas acuáticas.
Con la complacencia y connivencia de las autoridades federales, estatales y municipales, el auge de la industria del tráfico de indocumentados implica situaciones de terror por ejecuciones, violaciones, extorsiones, trata de personas y los secuestros a que son sometidos los ilegales que caen manos de los traficantes de humanos, afirman organizaciones no gubernamentales defensoras de inmigrantes.
Fray Blas Alvarado Jiménez, director de la Casa del Migrante de Tenosique y Efraín Rodríguez León, director jurídico de la asociación civil, Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), sostienen que el gobierno federal ha incumplido con su tarea de desmantelar y arrestar a los grupos delictivos que han tomado como su modus vivendi al secuestro de indocumentados.
La ruta del Golfo de México del tráfico de indocumentados, inicia desde el Naranjo, Péten, Guatemala, cruza hacia los municipios fronterizos de Balancán y Tenosique, Tabasco, y Candelaria, Campeche. Desde estos lugares se distribuye a lo largo de carreteras, caminos de extravío, la ruta del ferrocarril y en tramos vía marítima.
En las estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM), correspondientes al 2009, del flujo de indocumentados que atraviesa Tabasco, sólo aseguró a 12,597 extranjeros. Pero la cantidad de ilegales que transita por esta entidad se quintuplica, pues tan sólo al paso del ferrocarril, se observan miles de ellos trepados en los vagones.
A lo largo de los años, grupos de polleros independientes o ligados a alguna red de tráfico internacional realizaron sus tareas en forma menos riesgosas para sus clientes.
A partir del 2005, el crimen organizado, principalmente Los Zetas, asumieron el control total de esta actividad, y con ello también creció el peligro para los indocumentados que toman esta ruta.
La delincuencia organizada también aprovecha a reclutar inmigrantes como integrantes del grupo delictivo.
Los defensores de los derechos humanos de los inmigrantes, por separado, coinciden en que calificar de “terroríficas” las experiencias de los indocumentados que caen en manos de de estos grupos criminales.
También catalogan los cientos de kilómetros de la Ruta del Ferrocarril, como “Tierra sin Ley”, pues allí sólo manda la delincuencia organizada. A lo largo de las vías férreas, que atraviesa potreros y montañas, los inmigrantes sufren todo tipo de atrocidades, sin que autoridad alguna intervenga para poner un alto a la barbarie.
En hechos recientes, por ejemplo, el 8 de agosto pasado, en un paraje montañoso del municipio de Macuspana, tres indocumentados hondureños fueron asesinados, entre ellos una mujer que previamente fue violada, por un grupo de delincuentes.
La víctima Kenia Carolina Gales Gómez, activista del Partido Nacional hondureño, dejó en la orfandad a un niño de 8 y una niña de 3 años.
Alvarado Jiménez y Rodriguez León, sostienen que han sido reiteradas las denuncias presentadas ante el Instituto Nacional de Migración (INM), sobre la presencia de personas armadas que acosan a los inmigrantes a lo largo de la ruta del ferrocarril, sin que se tomen cartas en el asunto.
También, el 30 de abril, en la misma ruta del tren, en el tramo de Pichucalco y Juárez, Chiapas, a bordo de los vagones se registró un enfrentamiento entre inmigrantes y delincuentes armados, con saldo de un presunto Zeta muerto y otro lesionado.
Los cerca de 400 inmigrantes se rebelaron contra las personas armadas que llevaban secuestrados en un vagón a un grupo de indocumentados.
En esa ocasión, el inmigrante ilegal Nestor Madariaga Mejía, originario de Danli, El Paraíso, Honduras, relató que al menos unas ocho personas armadas con Uzis, rifles de asalto y escuadras 9 milímetros, mantenían sometidos a varios indocumentados en los últimos vagones.
Incluso, la banda de secuestradores de inmigrantes desconectaba los vagones del tren, lo que ocasionaba que el ferrocarril se detuviera. La máquina finalmente se paró en la ranchería La Libertad, Juárez, Chiapas.
“El que parecía jefe de los secuestradores, una persona gorda, no pudo correr y fue alcanzado por la turba enardecida y lo mataron a machetazos, pedradas y garrotazos”, narró el hondureño en el refugio de inmigrantes de Estación Chontalpa, Huimanguillo, Tabasco.
Los grupos armados controlan el ferrocarril desde Tenosique, Tabasco, y realizan sus fechorías a lo largo del recorrido, pues incluso señalan que cuentan con la complicidad de los maquinistas.
Hechos similares al ocurrido en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, ocurren cotidianamente en la zona de Chiapas y Tabasco, donde manda el crimen organizado.
En julio del 2009, a raíz de la denuncia presentada por un indocumentado que logró escapar de sus captores, el Ejército Mexicano rescató a un grupo de 52 inmigrantes que estaba secuestrado en un rancho del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, colindante con Chiapas.
Los delincuentes habían empezado a asesinar a quienes se negaban a revelar teléfonos de sus familiares, tanto en sus países de origen como en Estados Unidos, para extorsionarles y pedir rescates. Dos hondureños fueron asesinados en el rancho La Victoria, además de una mujer violada.
En un operativo efectuado entre autoridades de Chiapas y Tabasco, fuerzas federales y Ejército Mexicano, se detuvo a ocho personas que estaban relacionadas con los delitos de robo de vehículo, secuestro agravado, lesiones, homicidio, asociación delictuosa y violación.
Al llegar las autoridades al lugar de los hechos, 52 personas pedían ayuda y manifestaban que habían sido secuestrados y torturados por personas armadas.
Allí se encontraron sin vida las personas de nacionalidad hondureña, Mesimelit Perdomo Sánchez y Amilcar Castro Redondo.
Entre 2006 y 2009, el Hospital Comunitario del Municipio de Tenosique, rebasó la atención a la salud de centroamericanos, al ser atendidos hasta 300 indocumentados por año, donde más del 40 por ciento llegaron con cuadros de poli contusiones; fracturas; heridas por violencia; amputaciones y traumatismos diversos.
En febrero pasado, durante la instalación de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur del Congreso local, el diputado por Tenosique y médico, Julio Manzano Rosas, señaló que cuatro de cada 10 mujeres centroamericanas sufren agresiones y violaciones en su paso por esta región fronteriza, además de los abusos cometidos por representantes de las fuerzas policiales o los secuestros perpetrados por bandas asociadas a los cárteles de la droga.
En el entorno de la movilidad migratoria, Tenosique es ahora la segunda ruta más transitada para la internación de centroamericanos que aspiran a llegar a los Estados Unidos. Esta región mesoamericana de Guatemala y Tabasco, se han convertido en un estrecho territorio común de pobreza, inseguridad, violación a los derechos humanos y carencias de oportunidades para el desarrollo.
El legislador fronterizo propone que las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos instalen oficinas foráneas en Tenosique, ya que las más cercanas que tiene la CNDH se encuentran en Villahermosa, Tapachula y San Cristóbal de las Casas, y aquí es necesaria la protección en materia de derechos humanos, y la aplicación eficaz de las leyes federal y estatal que previenen el comercio y la trata de personas.
Manzano Rosas considera indispensable instalar una Casa del Migrante, como es práctica en la zona norte del país, para la atención humanitaria a los indocumentados.
Para operar impunemente, los traficantes cuentan con el servicio de las policías municipales, federales y del INM.
En octubre de 2009, los entonces directores de Seguridad Pública de los municipios fronterizos de Emiliano Zapata y Tenosique, Misael Morales Rivera y Estanislado Canepa Ballina, respectivamente, quienes recibían pagos de entre 10,000 y 20,000 pesos mensuales, de parte de traficantes de indocumentados, fueron detenidos y encarcelados por los delitos de asociación delictuosa agravada, extorsión agravada y ejercicio indebido del servicio público, por estar coludidos con la delincuencia organizada dedicada al tráfico de personas en la frontera con Guatemala.
Fueron señalados de dar protección e información sobre operativos que realizaban las corporaciones municipales u otras autoridades encargadas de combatir el tráfico de personas, así como franqueaban el paso a los denominados polleros, según el expediente 162/2009.
También en junio de 2009, Amnistía Internacional (AI) confirmó el ambiente de “violencia terrible” de la que son víctima los inmigrantes centroamericanos en su éxodo por México en su tránsito hacia los Estados Unidos, reportó Rupert Knox, investigador del Programa Regional para América de AI.
“Este problema es propiciado por personal de las distintas corporaciones estatales y federales, que están coludidas con los delincuentes o por la omisión en su responsabilidad por velar por la seguridad de la zona”, dijo durante un recorrido efectuado por las fronteras sur de Chiapas y Tabasco.
Obtuvo testimonios de grupos de indocumentados de Guatemala, El Salvador y Honduras, donde el común denominador es la alta vulnerabilidad a que están expuestos los inmigrantes centroamericanos ante bandas delictivas que los asaltan, secuestran, violan y asesinan.
El investigador de Amnistía Internacional realizó un recorrido por varios puntos del recorrido que realizan el ferrocarril por Tabasco, donde recogió las versiones de organizaciones no gubernamentales y de los indocumentados que señalan que las bandas delictivas se han apoderado del control del tren y la ruta que recorre, para obligarlos tanto a ellos como a sus familias, a pagar por rescate y la utilización del transporte ferroviario.